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El estudio con células madre modificadas en el que participan Andalucía y California tendrá una financiación de 13 millones
El estudio con células madre modificadas genéticamente para tratar el pie diabético en el que participan Andalucía y California tendrá una financiación de 13 millones de euros. Así lo ha explicado hoy la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, en el pleno del Parlamento, donde ha recordado que este ensayo tiene como objetivo evitar posibles amputaciones por isquemia crítica de miembros inferiores, un riesgo propio en pacientes con diabetes.
El trabajo científico, en el que participarán conjuntamente el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el California Institute for Regenerative Medicine de EEUU, utilizará células madre pluripotenciales de médula ósea modificadas genéticamente. Comenzará este año y tendrá una duración de cuatro, incluyendo la fase de experimentación animal y el ensayo clínico, “que se llevará a cabo íntegramente en Andalucía”, ha explicado Montero.
Según la máxima responsable de la sanidad andaluza, este estudio es muestra del “firme compromiso que ha mantenido el Gobierno andaluz con la investigación biomédica” y que tiene como base la creación de un marco normativo pionero y el impulso de la mayor red de infraestructuras para biomedicina del Estado adscrita a un servicio sanitario público.
La presencia de Andalucía en esta investigación, que estará representada por el Hospital Reina Sofía de Córdoba, demuestra que la comunidad “ha sido capaz de embarcarse en este proyecto y en otros de igual envergadura porque la investigación biomédica es una de las señas de identidad” del sistema sanitario andaluz, ha dicho Montero, lo que la ha convertido “en una biorregión de referencia en toda España e internacionalmente”.
El proyecto de investigación parte del convenio suscrito en 2010 entre el Instituto de Medicina Regenerativa de California y la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas por el que ambas entidades se comprometían al desarrollo conjunto de trabajo en el ámbito de la terapia celular y la medicina regenerativa.
Así, el instituto americano sufragará el proyecto, que se desarrollará íntegramente en Andalucía, con 11,5 millones y la Consejería de Salud y Bienestar Social, por su parte, prevé invertir 1,5 millones. Un total de 40 pacientes serán los que participen en la fase de ensayo clínico.
Una vez que se obtenga permiso por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Hospital Reina Sofía de Córdoba comenzará el ensayo clínico. A cinco de ellos se les infundirán células madre sin modificar genéticamente y a otros 15 las células modificadas. Por su parte, el grupo de investigación del instituto californiano probará el implante de células madre en otras 20 personas. Los pacientes de Córdoba recibirán las células por vía intraarterial y los de California por vía intramuscular, a fin de comprar qué vía es la más efectiva.
En palabras de la consejera, “con este proyecto se pretende ensayar una nueva forma de tratamiento para comprobar si las células modificadas genéticamente son un tratamiento seguro y, en último término, más eficaz en la prevención de la amputación de miembros inferiores”. De hecho, ensayos clínicos realizados en Andalucía con células madre en este tipo de pacientes “están demostrando que es posible mejorar la vascularización de los miembros inferiores y evitar la amputación en algunos casos”.
Apuesta por la investigación
La consejera de Salud y Bienestar Social ha señalado que, gracias al compromiso adquirido por Andalucía con la I+D+i, se está avanzando “hacia un modelo productivo basado en la generación de conocimiento”, todo ello empujado y fomentado desde la sanidad pública.
“Lo público es el único camino para garantizar la universalidad y la equidad en el acceso de toda la ciudadanía a los últimos avances de la investigación biomédica”, ha apuntado la consejera del ramo, quien ha recordado la “especial protección” que desde Andalucía se ha dado a la I+D+i sanitaria en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2013, mientras que los generales del Gobierno central los han reducido en un 63% respecto a los anteriores.
